Mientras se revelan detalles de un acuerdo entre el gobierno de EEUU y el régimen de Venezuela, que podría constituir una apropiación masiva e ilegal de las riquezas petroleras venezolanas, el economista y profesor Francisco Rodríguez cuestiona, con base en datos duros, una información del NYT sobre la dimensión que alcanzó la corrupción petrolera en los años de Nicolás Maduro. 

Si pasaste suficiente tiempo con venezolanos, sabrás que hablamos en superlativos. Tenemos los mejores jugadores de béisbol, las playas más bonitas, las arepas más sabrosas y los dictadores más despiadados. Pero ni siquiera nuestra propensión a exagerar me preparó para un artículo del New York Times que afirma que una red de empresas ficticias dirigidas por empresarios vinculados al expresidente Nicolás Maduro malversó 11.000 millones de dólares del petróleo venezolano en 2021 y 2022.

"Por cada dos dólares que Venezuela obtuvo vendiendo petróleo a principios de esta década, se robó un dólar, según muestran documentos internos y estadísticas oficiales", escribió el corresponsal del NYT, Anatoly Kurmanaev, un reportero experimentado especializado en Venezuela y uno de los periodistas más meticulosos que he conocido. Su artículo, bien documentado, ofrece una visión excepcional de la corrupción venezolana bajo el mandato de Maduro. Pero, ¿es todo lo que afirma precisamente así?

La conclusión del NYT de que la mitad de los ingresos petroleros de Venezuela se perdieron por la corrupción se basa en una suposición concreta: si la empresa petrolera estatal (PDVSA) no recibió el pago directo por 11.000 millones de dólares en exportaciones, ese dinero se lo robó alguien.

Si así fuera, sería el mayor caso de corrupción conocido, varias veces más grande que la mayor investigación de cleptocracia hasta la fecha: el escándalo del 1Malasia Development Berhad (1MDB), el fondo soberano de inversión malayo del que supuestamente se desviaron 4.500 millones de dólares entre 2009 y 2015.

En aquel momento, esto equivalía a alrededor de 0,2% del PIB del país, que rondaba los 270.000 millones de dólares al año. Mientras, los 11.000 millones de dólares de petróleo venezolano representarían aproximadamente 8% del PIB de Venezuela en 2021-22.

Si tomamos en cuenta las estimaciones de que cada dólar de ingresos petroleros generaba unos cuatro dólares de actividad no petrolera, se podría concluir que esta malversación le costó a Venezuela alrededor de 40% de su PIB – varios órdenes de magnitud por encima del costo de la corrupción constatado en numerosos estudios cuantitativos transnacionales, incluso sin contar el dinero que otras personas estaban robando. Venezuela sería la madre de todas las cleptocracias.

Por supuesto, si se hubiera sustraído esta cantidad, tendría importantes implicaciones para los debates sobre Venezuela. Quienes defienden las sanciones más duras contra este país llevan tiempo argumentando que no deberíamos preocuparnos por su efecto perjudicial en la economía, ya que la causa del colapso venezolano es la corrupción. Este argumento es equivocado – no hay razón por la que la corrupción, la mala gestión, las políticas deficientes y las sanciones no puedan haber contribuido todas al colapso –, pero se vería reforzado si la mitad de los ingresos petroleros de Venezuela se hubieran robado descaradamente.

Sin embargo, el NYT pasa por alto un hecho importante: en 2021 y 2022, Venezuela estaba sometida a sanciones estrictas de EEUU y no podía acceder a sus cuentas bancarias. El hecho de que PDVSA no recibiera directamente pagos en efectivo por miles de millones de dólares en petróleo no es prueba de corrupción; es prueba de trueque.

Una mirada a la realidad

Un problema para afirmar que los secuaces de Maduro robaron 11.000 millones de dólares es que sabemos que Venezuela compró bienes en el extranjero durante ese periodo.

El Banco Central de Venezuela informa que recibió ingresos de divisas por valor de 44.000 millones de dólares en 2021 y 2022; vendió 26.000 millones de dólares en envíos de petróleo, generó 11.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras – en gran parte de la minería – y recibió alrededor de 7.000 millones de dólares en remesas.

Pero el país también declaró haber pagado unos 44.000 millones de dólares en importaciones de bienes, servicios y pagos de rentas al resto del mundo durante esos mismos dos años. De hecho, si se suman 2021 y 2022, los ingresos en divisas del país superaron sus gastos en tan solo 40 millones de dólares.

Esta diferencia, también conocida como saldo de cuenta corriente, fue prácticamente nula; Venezuela vivía al día. Y cuando eso ocurre, es muy difícil que la mitad de tus ingresos desaparezca sin que tú ni nadie a tu alrededor se dé cuenta.

Tal vez haya otras explicaciones. Si el dinero se robó, entonces quizá ni siquiera entró, y en lugar de esos 44.000 millones de dólares deberíamos haber tenido 55.000 millones de dólares en ingresos en divisas.

Pero el NYT nos dice que el petróleo se vendió y se facturó, y que PDVSA nunca recibió directamente el pago por él; si eso es cierto, entonces sabemos que debería haberse registrado como exportación. Así es como se elaboran las estadísticas de la balanza de pagos: se contabiliza una exportación cuando se vende y se factura, no cuando se paga.

¿Y si el Banco Central está mintiendo? ¿Y si afirma que Venezuela vendió solamente 26.000 millones de dólares en petróleo para ocultar pruebas de corrupción? ¿O si infla las cifras de importación con el mismo propósito? Sin duda, esto no estaría fuera de su alcance. Sabemos que hay casos en los que la sobrefacturación de las importaciones distorsiona las estadísticas de la balanza de pagos, pero eso suele ocurrir en condiciones diferentes, como cuando los controles de cambio hacen que la gente declare importar más de lo que realmente importa.

Para comprobarlo, recopilé los datos facilitados por los 31 principales socios comerciales de Venezuela. Extrapolando la cifra total del comercio de la economía y suponiendo que la cuota comercial con estos socios se mantuvo estable entre 2012 y 2021, calculo que las importaciones totales de bienes ascendieron a 23.000 millones de dólares en 2021-22, una cifra bastante cercana a los 24.000 millones de dólares que registra el Banco Central.

También comparé las estimaciones de los envíos físicos de petróleo realizadas por la agencia internacional de noticias Reuters y la plataforma de análisis financiero y negociación Refinitiv Eikon. Ambas utilizaron datos de carga de petroleros para determinar que Venezuela exportó una media de 627.000 barriles de petróleo al día en 2021 y 616.500 barriles al día en 2022. A partir de estos volúmenes y de las cifras del Banco Central, el precio de venta implícito de Venezuela fue de 47 dólares por barril en 2021, y de 68,1 dólares en 2022 – un 10% menos que el valor de mercado en esos años, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esta conclusión concuerda con las pruebas procedentes de informes internos de PDVSA y de este auto de acusación de un caso de corrupción en la justicia de Nueva York, con cifras directas que reflejan los descuentos en las ventas de PDVSA.

Para que Venezuela hubiera tenido un superávit por cuenta corriente considerable, el Banco Central tendría que estar subestimando sus exportaciones de petróleo, pero esto implicaría o bien volúmenes de exportación sustancialmente superiores a los calculados por Reuters/Refinitiv Eikon, o bien que Venezuela estuvo vendiendo su petróleo a un precio sustancialmente más alto. Ambas hipótesis parecen muy poco plausibles. Una vez más, las cifras coinciden con lo que nos dice el Banco Central.

En resumen, Venezuela afirma que en 2021 y 2022 importaba aproximadamente lo mismo que exportaba – una versión confirmada por el resto del mundo. Entonces, ¿cómo pueden haber desaparecido 11.000 millones de dólares? 

El rastro del dinero

Técnicamente, hay formas en que un país puede gastar lo que gana y, aun así, que desaparezcan grandes sumas.

La primera y más obvia es que hubiera 11.000 millones de dólares por ahí para robar. Pero sabemos que no los había, porque el gobierno de Venezuela estaba en bancarrota y sus cuentas internacionales congeladas; ni siquiera el Banco Central tenía acceso a la mayor parte de sus reservas internacionales en aquel momento.

Y recordemos que, según el NYT, estos 11.000 millones de dólares procedían de cuentas por cobrar impagas. En otras palabras, el petróleo se vendía y se cargaba en buques cuyos propietarios prometían pagar a Venezuela pero, según el Times, nunca lo hicieron.

Otra posibilidad es que Venezuela estuviera acumulando activos porque alguien le estaba prestando dinero. Pero esa explicación tampoco se sostiene. Nadie en su sano juicio hubiera prestado 11.000 millones de dólares a Venezuela en 2021 y 2022. El país estaba sancionado y tenía prohibido emitir cualquier tipo de deuda en EEUU. Ni siquiera fondos de inversión no estadounidenses se habrían acercado a este país ni con un palo de 10 metros. Tampoco tenía acceso a cuentas bancarias a las que se pudiera transferir un préstamo de esa magnitud.

Si tal acreedor existiera, ¿no estaría intentando recuperar sus 11.000 millones de dólares? Ningún otro acreedor de Venezuela parece saber nada de él, lo cual resulta bastante extraño para un país que acaba de anunciar que está a punto de iniciar la reestructuración de su deuda. 

Vale la pena ahora hacer una pausa y examinar las cifras de la balanza por cuenta corriente del país, ya que los datos de la balanza de pagos no solo nos permiten ver cuánto recibió y gastó Venezuela en divisas, sino también de dónde procedía y adónde iba ese dinero.

Y aquí es donde la historia se pone interesante porque, por extraño que parezca, lo que estas cifras parecen indicarnos es que el gobierno venezolano sí pidió prestados unos 11.000 millones de dólares (o, más precisamente, 10.400 millones) en esos dos años. También nos indican que acumuló unos 14.000 millones de dólares en cuentas por cobrar, precisamente aquellas que, según el NYT, no se pagaron.

Así que imaginemos que llegamos de Marte, no sabemos nada de la condición de paria de Venezuela en aquel momento y miramos estas cifras. Entonces diríamos, sí, Venezuela pidió prestados 10.000 millones de dólares en esos años y también acumuló 14.000 millones de dólares en cuentas por cobrar (es decir, promesas de pago en el futuro) por sus ventas de petróleo. Y si en nuestra breve estadía en la Tierra, encontramos un ejemplar del NYT y leemos el artículo, diríamos: "Bueno, parece que de esos 14.000 millones de dólares, se robaron unos 11.000 millones".

Entonces, ¿por qué los datos de la balanza por cuenta corriente nos dan estas cifras tan raras? Ahí radica, en mi opinión, la solución al problema.

A continuación se muestra una diapositiva de una presentación elaborada por PDVSA a finales de 2022, en la que se recoge todo el petróleo vendido entre 2020 y 2022. (La obtuve hace dos años, de unos periodistas que me preguntaron cómo interpretarla). Obsérvese que se cedieron al gobierno 13.300 millones de dólares en facturas. Esa cifra es un poco superior a los 11.000 millones de dólares del NYT porque incluye el año 2020. En otras palabras, el gobierno pagó sus importaciones mediante envíos de petróleo porque no podía utilizar cuentas bancarias internacionales como consecuencia de las sanciones de EEUU.

En circunstancias normales, PDVSA habría vendido el petróleo, recibido dólares como pago y vendido esos dólares al Banco Central. A continuación, el gobierno habría acudido al Banco Central y comprado los dólares para pagar a los importadores. Pero como ese mecanismo no podía utilizarse, el gobierno recurrió al pago en especie, y les dijo a los importadores: miren, si me traen este monto en importaciones, los habilito a que vayan a cobrarlo a quienes compraron nuestro petróleo y nos deben dinero.

Si se analiza el desglose del supuesto endeudamiento que llevó a cabo el gobierno, se observa que parte de él adopta la forma de valores de inversión de cartera emitidos por el gobierno por un importe superior a los atrasos que está acumulando en su deuda. Eso no se debe a que el gobierno esté emitiendo bonos. Si el gobierno hubiera emitido un solo bono, lo sabríamos (y quienquiera que lo hubiese comprado sería objeto de burlas en todo el mundo).

Pero si se lee la letra pequeña del Manual de Estadísticas de la Balanza de Pagos del FMI, se comprueba que lo que caracteriza a la inversión de cartera es el hecho de que los valores deben ser negociables. Y esto es precisamente lo que Venezuela le daba a los importadores: pagarés negociables a cambio de cuentas por cobrar por petróleo, que daban a los importadores derecho a recibir el pago por el petróleo que Venezuela había vendido.

Encontramos una afirmación muy directa de esto en otra diapositiva de la presentación de PDVSA de 2022, donde el consejo de administración afirma, al analizar los casos de "cesión de facturas" correspondientes a envíos solicitados por el Ejecutivo nacional, que estas se utilizaban para saldar deudas con proveedores de la República.

Ese es nuestro misterioso prestamista: los importadores a los que se les emitía deuda para que pudieran canjearla por envíos de petróleo. Así pues, cuando vemos que las cuentas de la balanza de pagos indican que el gobierno estaba acumulando cuentas por cobrar y emitiendo deuda, lo que realmente estamos viendo es la forma en que las estadísticas de la balanza de pagos tratan una práctica tan antigua como la humanidad: el trueque.

Petróleo y prejuicios

El periodista estadounidense Sydney Harris escribió una vez que "creemos lo que queremos creer, lo que nos gusta creer, lo que se ajusta a nuestros prejuicios y alimenta nuestras pasiones".

Y sí, la idea de que los compinches de Maduro se llevaron 11.000 millones de dólares en envíos de petróleo encaja perfectamente con muchos estereotipos sobre su régimen. Pero la realidad suele ser más prosaica. Venezuela no tenía forma de pagar en efectivo las importaciones que necesitaba, así que pagó con petróleo. Y como PDVSA, la empresa petrolera estatal, es una entidad jurídicamente independiente del gobierno, no cobró directamente por los envíos, sino que los transfirió al gobierno en concepto de pago de sus obligaciones fiscales y de regalías.

Sí, el régimen de Maduro era muy corrupto; nadie lo duda. Pero hay una gran diferencia entre reconocer su corrupción y afirmar que personeros del régimen se embolsaron la mitad de las exportaciones petroleras del país. Esa imagen puede resultar útil para muchas narrativas políticas, pero no se ajusta a los hechos.

Francisco Rodríguez es investigador senior del Center for Economic and Policy Research y profesor e investigador de la Escuela Korbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver. También es fundador de Oil for Venezuela, una organización sin ánimo de lucro dedicada a buscar soluciones a la crisis humanitaria de Venezuela, y colabora habitualmente con Foreign Affairs, Financial Times, The New York Times, Americas Quarterly, Foreign Policy y The Washington Post. Sus últimos libros son The Collapse of Venezuela: Scorched Earth Politics and Economic Decline, 2012–2020 y The Elgar Companion to the Economies of Latin America and the Caribbean, ambos publicados en 2025.